El concurso de acreedores es el procedimiento judicial que ordena las deudas de una empresa que no puede pagarlas, para satisfacer a los acreedores en la medida posible y, cuando la actividad es viable, conservarla. En Sevilla lo tramita la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Sevilla. Presentarlo a tiempo no es solo una obligación legal: es la manera de proteger el patrimonio personal del administrador.
La ley concursal (Texto Refundido de la Ley Concursal, reformado por la Ley 16/2022) obliga al administrador a solicitar el concurso en los dos meses siguientes a conocer que la empresa está en insolvencia, es decir, que no puede cumplir regularmente sus obligaciones. También puede presentarse cuando la insolvencia es inminente. Dejar pasar ese plazo, o cerrar la empresa "de hecho" dejando deudas, es la vía más frecuente hacia la responsabilidad personal del administrador.
No todos los concursos son iguales. El concurso ordinario se aplica a sociedades con activo suficiente para tramitar el procedimiento y puede terminar en convenio con los acreedores o en liquidación. El concurso sin masa se declara cuando la sociedad no tiene bienes ni para pagar los gastos del procedimiento; se publica y, si ningún acreedor con al menos el 5 % del pasivo pide un administrador concursal en quince días, concluye: en el segundo trimestre de 2026 fue el caso del 83 % de los concursos declarados en España, según el Colegio de Registradores. El procedimiento especial de microempresas se aplica a las empresas con menos de diez trabajadores y menos de 700.000 euros de facturación o menos de 350.000 euros de pasivo, y se tramita con formularios electrónicos. Elegir bien la vía desde el principio ahorra tiempo, dinero y riesgos.
La sociedad limitada protege al socio, pero el administrador responde personalmente si el concurso se presenta tarde y se califica culpable, si no promueve la disolución cuando la ley lo exige o si avaló deudas. Los contratos de trabajo no se extinguen automáticamente y la empresa puede seguir funcionando durante el concurso. Cuando la actividad es viable pero la sociedad no, la venta de la unidad productiva permite que un comprador continúe el negocio libre de las deudas anteriores.
Si una empresa que le debe dinero entra en concurso, debe comunicar su crédito a la administración concursal en el plazo de un mes desde la publicación en el BOE, con los documentos que lo justifican. Si el deudor no presenta el concurso, un acreedor puede solicitarlo acreditando el impago generalizado u otros hechos previstos en la ley.
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Un concurso sin masa puede concluir en pocos meses; un concurso ordinario con liquidación suele durar entre uno y tres años según la complejidad de los activos y los pleitos pendientes.
Solo si el patrimonio alcanza para pagar a todos los acreedores. Si no alcanza, la ley exige el concurso; cerrar sin él expone al administrador a responder de las deudas.
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